¿Qué es la debida diligencia en derechos humanos?
Las empresas y sus cadenas de suministro son cada vez más complejas y dinámicas. Mientras que estas características permiten una mayor rapidez y adaptación a las necesidades de los mercados, también llevan consigo riesgos como la violación de derechos humanos básicos de los trabajadores.
La debida diligencia en los derechos humanos se corresponde a las acciones que toman las empresas para identificar estos riesgos y actuar sobre ellos y prevenir potenciales abusos de derechos humanos.
¿Qué se ha hecho al respecto?
Las Naciones Unidas, en 2011, crearon los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos, introduciendo un elemento clave, el de la debida diligencia en materia de derechos humanos a través del marco de “proteger, respetar y remediar”.
Algunos países han adoptado medidas legislativas específicas al respecto:
- Reino Unido y Australia con la legislación en esclavitud moderna
- California – Legislación en transparencia en la cadena de suministro
- Francia – Ley del deber de vigilancia
- Alemania – Ley de debida diligencia de derechos humanos obligatoria
¿Qué está haciendo la Unión Europea al respecto?
La Unión Europea está debatiendo la propuesta de implementación de ley obligatoria en este momento. Ésta se encuentra en la última fase de participación pública con más de 100 aportaciones de diversas organizaciones de todo el mundo. Las expectativas son las de tener ley aprobada en junio de 2021 y trasladarla a cada país para que la transforme en legislación.
El proceso de debida diligencia también influirá en aspectos medioambientales a través del Pacto Verde Europeo.
Ramificaciones legales de la debida diligencia tanto en materia de derechos humanos como en materia de medioambiente tendrán repercusiones en la nueva negociación y reformulación de la Política Agraria Común (PAC) incluyendo condicionantes sociales y medioambientales que todavía están por determinar.
¿A quién le afecta?
La debida diligencia en derechos humanos afecta a todos los actores que forman parte de la cadena de suministro a nivel comercial y también a los grupos de interés relacionados con esta cadena de suministro, como pueden ser gobiernos u organizaciones del tercer sector.
En particular, esta ley afectará a todas las empresas y requerirá de las mismas que tengan un sistema de control por el cual puedan identificar, prevenir y mitigar impactos adversos en derechos humanos e impactos medioambientales en sus cadenas de valor (donde quiera que estén).